El caso del expresidente colombiano Álvaro Uribe ha estado en el centro de la atención pública durante años, con ramificaciones políticas y legales significativas. En las últimas semanas, ha surgido un nuevo elemento en este largo drama judicial: el posible riesgo de prescripción. 

La defensa del exmandatario ha advertido que el proceso judicial está a punto de prescribir, un término legal que implica que el delito ya no puede ser perseguido debido al paso del tiempo. Aunque este aviso ha generado preocupación entre algunos sectores, la defensa de Uribe ha dejado claro que no planean esperar pasivamente la prescripción. En cambio, están decididos a seguir luchando para demostrar la inocencia de su cliente. 

La Fiscalía tiene 90 días para definir si lleva a juicio al expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno, o si pide por tercera oportunidad la preclusión, es decir, cerrar su proceso.

A medida que el caso Uribe se aproxima a un posible punto de inflexión, la atención pública y el escrutinio internacional están firmemente enfocados en cómo se desarrollarán los acontecimientos.