En un movimiento estratégico para abordar la problemática del precio de la carne y disminuir la ilegalidad en algunos mataderos municipales, el Gobierno ha promulgado el decreto 2016. Esta medida tiene como objetivo principal revitalizar y regularizar la operación de los mataderos locales, lo que se espera tenga un impacto positivo en el costo final de la carne para los consumidores. 

La iniciativa surge en medio de preocupaciones sobre el aumento de los precios de la carne y las prácticas ilegales que rodean la producción y distribución en algunos lugares. El decreto busca establecer medidas específicas para mejorar las condiciones de los mataderos municipales, garantizando su cumplimiento con los estándares de salud y seguridad. 

“Junto con el Invima vigilaremos y controlaremos estos centros de sacrificio para que funcionen con todos los reglamentos y condiciones sanitarias que exige la salud pública”, sostuvo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. 

Una de las claves del decreto es el impulso a la formalización de mataderos que han estado operando en la informalidad. Esto no solo busca mejorar la calidad de la carne y la transparencia en la cadena de suministro, sino que también se espera que tenga un impacto positivo en la economía local al crear oportunidades de empleo y fortalecer la producción ganadera a nivel municipal.

“Una vez obtenida la autorización, los propietarios o tenedores de las plantas de beneficio categoría de autoconsumo son los responsables de mantener las condiciones sanitarias del establecimiento determinadas para el funcionamiento de la planta de beneficio categoría autoconsumo”, puntualiza la norma. 

Al regularizar estos establecimientos, el Gobierno espera fomentar prácticas más sostenibles y éticas en la industria cárnica. Además, se espera que la medida contribuya a la reducción de los costos de producción y distribución, lo que, en última instancia, podría traducirse en un precio más asequible para los consumidores finales.