La ciudad de Bogotá ha sido testigo de una tragedia que ha conmovido a la opinión pública: la muerte de un niño indígena Embera Katío de tan solo cinco años, por una grave enfermedad respiratoria que le fue diagnosticada el pasado 27 de diciembre. 

Sin embargo, la situación se complicó aún más debido a supuestas dificultades para monitorear su estado de salud. La comunidad indígena, según algunos informes, habría impedido el seguimiento médico necesario, lo que contribuyó al agravamiento de la condición del niño. 

De acuerdo con las declaraciones de Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, “el día 27 de diciembre el niño se acerca a la Unidad de Protección Integral (UPI) de La Rioja junto con su abuela, cuando ingresa, los servicios de salud que hacen presencia permanente diagnostican una enfermedad respiratoria aguda y le hacemos monitoreo los días 27,28 y 29”. 

“Lamentablemente, por disposición de la comunidad, los días 30 y 31, los servicios de salud no pueden ingresar a la unidad, sin embargo, se quedan en la puerta esperando ante cualquier alerta para poder atender inmediatamente”, dijo Quintero. 

El Distrito aseguró que los gestores no pudieron ingresar a la UPI durante dos días consecutivos, pero al tercer día evidenciaron que el estado del menor había empeorado, por lo que fue trasladado a un centro de salud, donde 11 días después, falleció. 

La falta de acceso o la resistencia a la atención médica adecuada puede ser un desafío significativo en algunas comunidades indígenas. Factores como la distancia a los centros de salud, barreras culturales y desconfianza hacia las prácticas médicas convencionales pueden influir en la toma de decisiones en relación con la atención médica y esto hace que haya finales negativos y no positivos.