Una demanda millonaria ha sido presentada contra el Estado colombiano por alrededor de 1.600 habitantes del municipio Atrato. La acción legal busca reparación por los graves daños causados por la minería ilegal de oro, que ha dejado al río Atrato en un estado alarmante de contaminación. 

Los demandantes argumentan que la explotación no regulada de oro en la región ha tenido consecuencias devastadoras para el ecosistema fluvial y, por ende, para las comunidades que dependen de él. Se sostiene que la presencia de sustancias químicas tóxicas liberadas por estas actividades ha afectado la calidad del agua y ha tenido un impacto negativo en la salud de quienes residen en la zona. 

La denuncia interpuesta por la comunidad establece que desde el año 2006, en el municipio empezó la explotación minera ilegal en la cuenta del Río Atrato, así como en otras cuencas secundarias. En caso de ganar el pleito, serían cerca de $220.000 millones los que tendría que pagarle el Estado a los atrateños que están involucrados en la acción judicial. 

Los pobladores evidenciaron que los niveles de mercurio en su sangre eran los superiores. Además, en 2022 una prestigiosa editorial neerlandesa de asuntos científicos, reveló que las especies de peces en el río Atrato tenían alarmantes niveles de mercurio. 

De esta manera, esta acción judicial colectiva es analizada por el Tribunal Superior de Antioquia y se espera que durante este año determine, en primera instancia, si el Estado se hizo el de la vista gorda ante la tragedia ambiental. 

La atención sobre este caso no solo recae en la compensación económica, sino en la urgencia de implementar medidas que prevengan la repetición de incidentes similares y promuevan un desarrollo sostenible que proteja los recursos naturales y las comunidades vulnerables.