La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, y su secretario de Gobierno, Edward Amaya, han desatado una ola de debate y controversia al implementar una iniciativa inusual: llevar a estudiantes de colegios públicos al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué (Coiba), comúnmente conocido como la cárcel de Picaleña. La jornada, que fue denominada como una «terapia de choque», tenía como objetivo que los jóvenes experimentaran de primera mano las condiciones de reclusión y así fomentar la prevención del delito.

La decisión de llevar a cabo esta actividad ha generado reacciones encontradas en las redes sociales y en la comunidad en general. Por un lado, algunos apoyan la iniciativa argumentando que es una manera efectiva de concienciar a los jóvenes sobre las consecuencias de caer en conductas delictivas y el impacto de la criminalidad en la sociedad. Sin embargo, otros han expresado su desaprobación, cuestionando la idoneidad y la efectividad de exponer a los estudiantes a un entorno tan peligroso y violento.

Durante la jornada, los estudiantes fueron sometidos a un proceso que simula el ingreso de un recluso al centro carcelario. Se les realizó una reseña como cualquier otro preso y fueron sometidos a intensas requisas antes de ingresar al complejo. Además, se les vendaron los ojos para aumentar el realismo de la experiencia, hasta llegar al comedor del establecimiento, donde fueron recibidos por los guardias del Inpec.

La estrategia, que forma parte del programa «Delinquir no paga», inició con estudiantes de la Institución Educativa Leonidas Rubio Villegas, pero se planea extender a otros colegios e instituciones en el futuro. Según las autoridades locales, el objetivo principal es salvar vidas al mostrar a los jóvenes la realidad de la vida carcelaria y sensibilizarlos sobre las graves consecuencias de la delincuencia.

El secretario de Gobierno, Edward Amaya, enfatizó que el programa busca especialmente impactar a los estudiantes de décimo y once, quienes están a punto de graduarse y enfrentarse al mundo real. Según Amaya, muchos jóvenes viven en una «burbuja» ajena a la cruda realidad de la delincuencia, por lo que es fundamental sensibilizarlos sobre este tema y también educar a los padres de familia sobre la importancia de la prevención del delito.

Aunque la iniciativa ha generado polémica, las autoridades locales defienden su enfoque preventivo y esperan que esta experiencia ayude a disuadir a los jóvenes de involucrarse en actividades delictivas, promoviendo así una comunidad más segura y consciente en Ibagué. Sin embargo, queda por verse si esta estrategia poco convencional logrará los resultados deseados o si suscitará más críticas en el futuro.