En un movimiento que ha generado debate y controversia, la fiscal general Luz Adriana Camargo ha firmado una resolución que suspende las órdenes de captura contra nueve cabecillas de las disidencias de las Farc pertenecientes a la llamada 'Segunda Marquetalia'. Sin embargo, la ausencia del nombre de alias 'Iván Márquez', comandante de este grupo, ha llamado la atención y ha dejado interrogantes sobre su situación.

Los guerrilleros beneficiados por esta medida son José Aldinever Sierra Sabogal, José Vicente Lesmes, William Danilo Malaver López, Alberto Cruz Lobo, Geovanny Andrés Rojas, Luis André Figueroa Marín, Allende Perilla Sandoval, José Darley Malagón Jiménez y Henry Quiñones Angulo. La resolución argumenta que esta decisión se toma en el marco de una negociación política sustentada por el presidente de la República, respetando así los principios constitucionales de la división de poderes.

El alcance de esta resolución va más allá de las fronteras nacionales, suspendiendo provisionalmente las órdenes de captura para autoridades internacionales como la Interpol. Además, se ha anunciado que la delegación del Gobierno encargada de liderar estas negociaciones estará presidida por Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral.

Este movimiento se enmarca en un proceso que inició en febrero de este año, cuando el Gobierno Nacional y la 'Segunda Marquetalia', disidencia de las extintas Farc liderada por Iván Márquez, anunciaron el inicio de conversaciones con el objetivo de buscar una paz que garantice la vida y la seguridad de quienes participen en ella. El acuerdo inicial, firmado por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y el propio Iván Márquez, busca establecer acuerdos previos para el desescalamiento del conflicto.

Sin embargo, esta decisión ha generado opiniones encontradas en la sociedad colombiana. Mientras algunos ven en este paso una oportunidad para avanzar hacia la reconciliación y la construcción de la paz, otros lo perciben como un acto de impunidad que podría enviar un mensaje equivocado sobre el compromiso del Estado con la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado.