La justicia de Estados Unidos ha hallado culpable a la multinacional bananera Chiquita Brands por financiar el paramilitarismo en Colombia. Después de seis semanas de juicio, la empresa ha sido condenada por realizar pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los grupos paramilitares más temidos del país.

Chiquita Brands ya se había declarado culpable ante el Departamento de Justicia estadounidense por entregar dinero a las AUC. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la empresa realizó 100 pagos que sumaron más de 1,7 millones de dólares a tres bloques de las AUC: el Norte, el Bananero y el Élmer Cárdenas. Estos pagos se efectuaron entre 1997 y 2004 con el pretexto de asegurar “seguridad privada” proporcionada por los paramilitares.

Según el medio colombiano Cambio, la multinacional se defendió durante el juicio afirmando que los pagos a las AUC, lideradas por la Casa Castaño, eran necesarios para proteger a sus trabajadores de las amenazas y extorsiones perpetradas por los mismos paramilitares. Sin embargo, esta defensa no convenció al jurado.

Jack Scarola, abogado de las víctimas, sostuvo que Chiquita Brands había firmado un “pacto con el diablo” al financiar conscientemente al paramilitarismo, a sabiendas de los crímenes que estos cometían. Scarola argumentó que las intimidaciones no exoneraban a la empresa de su responsabilidad en los abusos y violaciones de derechos humanos perpetrados por las AUC.

El jurado, compuesto por 10 jueces, declaró culpable a Chiquita Brands, emitiendo un mensaje contundente a las corporaciones a nivel mundial: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Marco Simons, asesor general de EarthRights International, organización que representa a las víctimas, afirmó que “este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial.”

El proceso judicial comenzó en 2007, cuando EarthRights International interpuso una demanda colectiva federal en nombre de las víctimas de las AUC en Colombia. La acusación sostenía que el dinero entregado por Chiquita Brands permitió a los paramilitares mantener sus operaciones delictivas en diversas regiones bananeras del país.

Indepaz, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, detalló que mientras Chiquita Brands financiaba a los paramilitares, en la región del Urabá se registraron 97 masacres que dejaron un saldo de 607 víctimas entre 1991 y 2011. Estos crímenes afectaron a habitantes, líderes sociales, trabajadores y sindicalistas, sumiendo a la región en un ciclo de violencia y terror.