La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), presidida por Roberto Carlos Vidal López, reveló el hallazgo de una fosa común en la zona fronteriza con Venezuela, cuya información fue proporcionada por el exparamilitar Salvatore Mancuso durante una audiencia. Según Mancuso, se ha obtenido información que permite ubicar el lugar exacto donde podrían encontrarse enterrados alrededor de 200 cuerpos, en el marco del conflicto armado. De acuerdo con las declaraciones del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la última audiencia, las Fuerzas Militares tenían conocimiento de este hecho. 

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha señalado que, considerando estas declaraciones, están recopilando la información necesaria para establecer el contexto como parte fundamental de la investigación humanitaria y extrajudicial. Han llevado a cabo un primer ejercicio de prospección no intrusiva en el área de Juan Frío, en el departamento de Norte de Santander, con el fin de fortalecer el diagnóstico en el territorio. 

La UBPD destaca que están avanzando en la gestión diplomática para lograr una búsqueda transfronteriza pronta y efectiva, en base al acto de reconocimiento extrajudicial con Salvatore Mancuso, organizado desde la agenda de No Repetición del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en el cual se reveló la existencia de fosas en el lado venezolano de la frontera. 

Actualmente, se está definiendo el posible plan a ejecutar, el cual requerirá la colaboración de expertos de Colombia y Venezuela para alinear la normativa aplicable, establecer protocolos de búsqueda y otros aspectos relacionados con la investigación y la intervención forense. 

La JEP informó que Mancuso relató la desaparición de víctimas en territorio venezolano y afirmó que la orden de desaparecer a estas personas provenía de la fuerza pública. Además, aclaró que la desaparición de los cuerpos no formaba parte de la estrategia militar de los paramilitares, ya que su objetivo era generar un teatro de operaciones que incluía elementos de castigo, dolor y terror en la población para obligarla a dejar de apoyar a la guerrilla, lo cual incluía dejar a las víctimas a la vista de la población. 

En cuanto al proceso que se lleva a cabo con Salvatore Mancuso, la JEP busca determinar si será aceptado en esa entidad, basándose en el análisis de las declaraciones presentadas y su verificación. Como parte de los compromisos adquiridos por Mancuso durante la audiencia, se le solicitó que, en un plazo de 30 días hábiles, proporcione información adicional y precisiones sobre los hechos y nombres específicos abordados en cada día de la audiencia. 

Entre la información solicitada por la JEP se encuentra la relación de empresarios con los que se reunió en Medellín para fortalecer el paramilitarismo en Antioquia, así como un listado de personas que promovieron la incursión paramilitar en Sucre.