La Contraloría General de la República ha revelado preocupantes hallazgos fiscales que ascienden a $6 billones de pesos en 24 Empresas Promotoras de Salud (EPS) por el uso indebido de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante el año 2020. Además, se investigarán $5.3 billones adicionales cuya incidencia fiscal se determinará en una indagación preliminar. Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos de servicios de salud de vigencias anteriores por $5.4 billones de pesos, realizados con recursos de la UPC de 2020, y la falta de evidencia sobre el uso de $643 mil millones provenientes de excedentes del presupuesto para tratamientos no incluidos en el plan de beneficios en salud.

La Contraloría también identificó mayores valores pagados a terceros por $5.3 billones de pesos, debido a diferencias entre lo facturado y lo pagado. Por ejemplo, en la Nueva EPS se registraron giros sin soportes por valor de $2.1 billones de pesos, mientras que en la EPS Famisanar esta cifra alcanzó los $643 mil millones de pesos. Adicionalmente, se descubrieron pagos que no guardan relación de causalidad con servicios de salud, como $40 mil millones de pesos destinados a honorarios de miembros de junta directiva, vales de gasolina, clases de yoga y pilates, entre otros, financiados con recursos de la UPC.

La Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría también arrojó que la EPS S.O.S. utilizó recursos excedentes de la UPC de 2020 para pagar deudas por $86 mil millones de pesos del periodo 2003-2015, cuando estas obligaciones ya estaban prescritas. Asimismo, la Nueva EPS pagó $62 mil millones de pesos por servicios de salud de vigencias anteriores, y la EPS Convida destinó $4 mil millones de pesos a pagar deudas similares. Estas prácticas contravienen la destinación específica de los recursos de la UPC, que deben ser utilizados exclusivamente para los fines previstos en la Constitución y la ley.

El Contralor General, Carlos Hernán Becerra, declaró que estos hallazgos son de alto impacto nacional y serán investigados desde la Unidad de Delitos Especiales contra la Corrupción de la Contraloría. La entidad ha trasladado los respectivos informes a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que tomen las medidas pertinentes. La Contraloría reitera que los recursos de salud son de naturaleza pública y parafiscal, y su uso debe estar circunscrito estrictamente al mandato legal. El informe busca evidenciar problemas estructurales del Sistema General de Seguridad Social en Salud para asegurar que los recursos se utilicen correctamente y se garantice la prestación de servicios a la población afiliada.