En la madrugada del 13 de agosto de 1999, Colombia despertó con una noticia que estremeció al país: el brutal asesinato de Jaime Garzón Forero, un líder carismático, periodista incisivo, defensor de derechos humanos, abogado y humorista cuya voz se alzaba por encima de las turbulentas aguas del conflicto armado y la corrupción en Colombia. Garzón fue acribillado en Bogotá mientras se dirigía a la emisora Radionet, donde trabajaba.

Dos sicarios en moto interceptaron el vehículo de Garzón y le dispararon cinco veces, acabando con la vida de un hombre que, a través de su humor mordaz y su ingenio afilado, había desafiado a las élites políticas y militares de un país que vivía inmerso en una guerra entre cárteles de narcotraficantes y grupos armados. Su muerte, que dejó un vacío profundo en la conciencia colectiva de Colombia, se recuerda como “el día en que Colombia perdió las ganas de reír”. 

El asesinato de Garzón no fue un evento aislado ni un acto de violencia espontáneo; fue el resultado de un complot meticulosamente planeado por fuerzas que veían en su voz una amenaza a su poder. La investigación judicial que siguió al crimen desveló una compleja red de complicidades que involucraba a altos funcionarios del Estado, grupos paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas.

La única condena en firme por este crimen hasta ahora es la de José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien en 2018 fue sentenciado a 30 años de prisión como autor intelectual del asesinato de Garzón. Según los testimonios presentados durante el juicio, Narváez convenció a Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de que Garzón era un aliado de la guerrilla, y que su muerte era necesaria para la seguridad del país.

Narváez, conocido por su estrecha relación con los paramilitares y su influencia dentro del DAS, “vendió” la idea de que Garzón estaba colaborando con los secuestradores de las FARC, lo que sentenció al humorista a la muerte. Sin embargo, las investigaciones han revelado la posible participación de otros actores en este macabro plan. El paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, mencionó que la ejecución del crimen estuvo a cargo de la banda “La Terraza”, un grupo que fue exterminado pocos años después del asesinato de Garzón.

Además, se ha señalado al entonces jefe de inteligencia de la Brigada 13 del Ejército, Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien habría facilitado la recolección de información sobre los movimientos de Garzón, compartiéndola con Castaño para llevar a cabo el asesinato.

El asesinato de Jaime Garzón es un recordatorio sombrío de la impunidad que rodea la violencia contra los defensores de derechos humanos en Colombia. Aunque han pasado más de dos décadas desde su muerte, su legado sigue vivo en la memoria de un país que aún busca justicia y verdad en medio de la sombra de la impunidad. La historia de Garzón es la historia de una lucha constante por la libertad de expresión, los derechos humanos y la justicia social, y su asesinato resuena como un llamado a no olvidar y a seguir adelante en la búsqueda de un país más justo y en paz.