Un retraso en el pago de subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía podría dejar a más de 10 millones de colombianos sin servicio eléctrico en regiones como la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño. La Contraloría General de la República ha advertido sobre la gravedad de la situación, subrayando que esta demora afecta directamente a las empresas que suministran energía. Según el organismo de control, la falta de acción de las superintendencias competentes ha agravado el problema, lo que podría desencadenar una crisis en la prestación de este servicio esencial. "El Gobierno debe actuar de inmediato para evitar un colapso en el suministro de energía", enfatizó el Contralor.

El problema se agrava debido a la falta de reembolso de los recursos no recaudados por la llamada "opción tarifaria" , una medida que congeló tarifas durante la pandemia para aliviar a los hogares colombianos. Además, el incumplimiento de los operadores de red con el mercado mayorista de energía podría limitar aún más el suministro. La Contraloría advirtió que esta combinación de factores pone en peligro la continuidad del servicio, lo que afectaría no solo el acceso a la luz, sino también servicios críticos como salud, educación, comercio y acueductos.

Finalmente, la Contraloría hizo un llamado a las autoridades locales para que asignen los recursos presupuestales necesarios para el pago de los servicios públicos. De lo contrario, "las comunidades podrían enfrentarse a una interrupción del servicio con consecuencias graves", subrayó. El organismo también anunció que llevará el caso a la Procuraduría General de la Nación para investigar posibles responsabilidades disciplinarias.