Al parecer, la exministra de deportes pensó que el desconocimiento de la norma la exoneraría de las consecuencias, ya que en su paso por el ministerio celebro 106 contratos de prestación de servicios, esto sin cumplir las normas legales de contratación pública, lo que inmediatamente lo hace un delito.   

Para la mala fortuna de la medallista olímpica, el 9 de junio se emitió un comunicado donde el investigador indicó que Urrutia había ordenado terminar de manera anticipada aproximadamente 100 contratos, esto tiempo después de que la Presidencia de la República pidiera su renuncia.   

El investigador manifestó que la entonces ministra, después de que le solicitaran su carta de renuncia, canceló de arbitraria y selectivamente 106 contratos que tenían vigencia por cuatro meses, en los motivos de cancelación ponía que era por “motivos personales”.    

Lo contradictorio a la cancelación de estos contratos fue que días después, por orden directa de la ministra, volvieron a contratar a las mismas personas, pero ya no por vigencia de cuatro meses, sino que el contrato se celebraría hasta el 31 de diciembre de 2023.   

Aunque no se solicitará imposición de una medida de aseguramiento para María Isabel, el fiscal delegado si presentará la imputación ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.   

Esto deja una gran incógnita ¿Será que María Isabel Urrutia sabía lo que estaba haciendo o de verdad desconocía las normas legales de contratación?