Desde la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2022, la figura de los gestores de paz ha sido implementada como un instrumento clave para establecer canales de diálogo y lograr acercamientos con grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se han designado hasta ahora 43 gestores de paz, de los cuales 34 tienen resoluciones activas que oficializan su papel en estos procesos de mediación. No obstante, esta lista ha sido objeto de un amplio debate y controversia en el país. La inclusión de personas con antecedentes de delitos graves, como homicidios y actos de terrorismo, ha generado críticas desde diversos sectores políticos y sociales, quienes temen que estos nombramientos otorguen beneficios judiciales a individuos con un historial extenso de violencia. Los críticos sostienen que la designación de estos gestores de paz podría representar una concesión a personas involucradas en delitos de lesa humanidad, lo que pondría en riesgo la confianza pública en los esfuerzos de pacificación. A pesar de los cuestionamientos, el gobierno de Petro defiende esta estrategia argumentando que los gestores de paz desempeñan un papel esencial para acercar a las organizaciones armadas al diálogo y que estos acuerdos representan un esfuerzo de pacificación. El balance entre justicia y paz sigue siendo una cuestión delicada en Colombia, y esta estrategia ha puesto nuevamente en discusión las implicaciones de los diálogos de paz para la justicia y la reparación a las víctimas.