Virgelina Aguiar, condenada en 2005 a 28 años y 9 meses de prisión por el asesinato de su empleador, quien la había violado, fue liberada tras una decisión histórica de la Corte Constitucional. El tribunal dejó sin efecto la sentencia al considerar que no se aplicó un enfoque de género y se desestimaron las pruebas de violencia física y psicológica sufridas por la mujer. Inicialmente, Aguiar había recibido una condena de 8 años y 4 meses por homicidio simple atenuado, pero esta fue modificada a homicidio agravado. La Corte determinó que su acción pudo estar justificada por legítima defensa ante la violencia sufrida y ordenó emitir una nueva sentencia. La Defensoría del Pueblo celebró el fallo, subrayando que la legítima defensa incluye respuestas frente a violencia sexual y psicológica, y no requiere ocurrir en el mismo momento de la agresión. Este caso marca un precedente en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia.