Los menores, identificados como Nehemías (15 años), Steven (11), Ismael (15) y Josué (14), desaparecieron el 8 de diciembre después de salir a jugar fútbol en su barrio. Inicialmente, las autoridades indicaron que los menores habrían sido vistos en un intento de robo. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que habían sido detenidos por militares que patrullaban la zona como parte de operativos de seguridad. Tras dos semanas de búsqueda, el 22 de diciembre, los cuerpos de los niños fueron encontrados incinerados cerca de una base militar, lo que provocó indignación y dolor entre sus familiares y la comunidad. Los estudios forenses confirmaron la identidad de los menores, y la noticia desató un clamor generalizado por justicia. El sepelio de los niños se llevó a cabo en medio de escenas de profundo dolor, acompañadas por decenas de personas que se unieron a las familias en su demanda de justicia. Organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil han calificado los hechos como un posible caso de desaparición forzada y han exigido una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables. Este caso ha generado un debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades y la protección de los derechos humanos, especialmente de los menores de edad. Hasta el momento, el gobierno ecuatoriano no ha emitido una declaración oficial sobre los presuntos responsables ni sobre las medidas adoptadas para esclarecer el caso. La comunidad, acompañada por diversas organizaciones, continúa exigiendo que los culpables enfrenten las consecuencias legales. La tragedia de “Los 4 niños de Guayaquil” ha dejado una huella imborrable en el país, recordando la importancia de garantizar la seguridad y el respeto por la vida de todos los ciudadanos.