La reserva indígena Inga, ubicada en el departamento colombiano de Putumayo, depende en gran medida de su sistema de acueducto para acceder a agua potable. En 2018, se asignaron fondos para reconstruir el antiguo sistema y garantizar el bienestar de la comunidad. Sin embargo, estos fondos supuestamente nunca llegaron a su destino previsto. Becerra Marín fue detenida por la Policía Nacional en Orito, Putumayo, y compareció ante un juez de Puerto Asís, donde se declaró inocente de los cargos. La Fiscalía General de la Nación ha presentado pruebas que sugieren que mientras ejercía su cargo como alcaldesa, retiró gradualmente los 130 millones de pesos de una cuenta bancaria mediante cheques con su firma. Extractos bancarios obtenidos a solicitud de líderes de la comunidad inga corroboraron estos hallazgos. A pesar de las indagaciones, Becerra Marín no brindó una explicación satisfactoria sobre el uso de estos fondos.   Este caso pone de relieve la vulnerabilidad de las comunidades indígenas a la corrupción y la necesidad urgente de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos, en particular los destinados a servicios esenciales.