Un revés significativo ha golpeado el proceso de paz en Colombia, ya que la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ha revocado la suspensión de las órdenes de captura contra 31 representantes del ELN (Ejército de Liberación Nacional). Esta decisión se produce en respuesta a los graves actos criminales perpetrados por el ELN en la región del Catatumbo , lo que pone serias dudas sobre su compromiso con las conversaciones de paz. Estos 31 representantes del ELN ya habían obtenido la suspensión de las órdenes de captura en 2022 y 2023 y eran reconocidos por el gobierno como voceros en el diálogo de paz. Sin embargo, su participación en la reciente violencia, que comenzó el 16 de enero, ha provocado la revocación de estos beneficios. La violencia no solo ha provocado una crisis humanitaria, sino que también ha puesto en peligro la vida de civiles, líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y sus familias. El propio ELN se ha atribuido la responsabilidad de la violencia, y uno de sus principales líderes, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”, reconoció sus acciones en la plataforma de redes sociales “X”. Además, Gregorio Manuel Pérez Martínez , líder del Frente de Guerra Nororiental del ELN, ratificó abiertamente estas acciones en tres comunicaciones entre el 17 y el 19 de enero.