La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una controvertida reforma constitucional que fortalece el control del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La enmienda introduce la figura de “copresidente” y “copresidenta” , extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y otorga al Ejecutivo un mayor dominio sobre los demás órganos del Estado.

El Parlamento, controlado por el oficialismo, aprobó la reforma de manera unánime, lo que confirma la consolidación del régimen de Ortega, en el poder desde 2007. La medida también excluye de la contienda electoral a los principales líderes opositores, quienes fueron desterrados y desnacionalizados en 2023. “Con esta reforma se garantiza la estabilidad del país y el liderazgo de nuestro presidente”, señalaron legisladores afines al gobierno.

La enmienda refuerza la autoridad de Ortega, quien ha modificado la Constitución en 12 ocasiones para mantenerse en el poder. Entre los cambios más relevantes, se establece que los copresidentes tendrán inmunidad, podrán nombrar vicepresidentes sin votación popular y ejercerán un control total sobre las instituciones estatales.

Además, se prohíbe la participación en elecciones a los opositores excarcelados y desterrados. Figuras como Cristiana y Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Dora María Téllez quedan excluidas de cualquier posibilidad de competir en el futuro. “No se puede permitir que traidores a la patria regresen a gobernar”, justificó un funcionario oficialista.

La reforma también impone nuevos requisitos para ser candidato presidencial, exigiendo que los aspirantes hayan residido en Nicaragua durante los seis años previos a la elección y que no tengan antecedentes de “traición a la patria”, un delito utilizado por el régimen para perseguir a la disidencia.

Con estas modificaciones, Ortega y Murillo consolidan un modelo de gobierno sin contrapesos , en el que el Ejecutivo refuerza su dominio sobre el Ejército, la Policía y el Ministerio del Interior. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el avance del autoritarismo en Nicaragua, aunque el gobierno insiste en que la reforma busca fortalecer la democracia y la estabilidad del país.