Los campesinos que intentaron regresar a sus fincas en el Catatumbo , tras el desplazamiento forzado por la violencia, se encontraron con una cruel realidad: sus tierras estaban minadas con explosivos y, en sus casas, guerrilleros del ELN se habían instalado, incluso durmiendo en sus camas. Esta nueva fase de la guerra en la región, liderada por el ELN , busca consolidar su control sobre la frontera con Venezuela, y ha sumado nuevas tácticas para sembrar el miedo y forzar a los habitantes a abandonar sus hogares.

La guerrilla no solo ha ocupado las propiedades de los campesinos, sino que también ha iniciado una serie de investigaciones sobre quiénes podrían regresar a la zona, especialmente aquellos con posibles vínculos con las disidencias de las FARC . Estos desplazamientos forzados han dejado un saldo alarmante de más de 52,800 personas afectadas, con municipios como Cúcuta, Tibú y Ocaña siendo los más impactados. La violencia también ha cobrado vidas, con al menos 52 muertes registradas y decenas de personas desaparecidas.

En las zonas urbanas de Norte de Santander, las milicias del ELN se habrían infiltrado en los albergues para desplazados, identificando a aquellos que, según ellos, son simpatizantes de las disidencias de las FARC . Algunos residentes han reconocido que la única forma de sobrevivir a esta situación es aceptar las políticas del ELN, que les obliga a seguir su ideología o ser marcados como objetivos militares.

El uso de artefactos explosivos ha incrementado en toda la región, con minas antipersona y otros dispositivos improvisados sembrados en las carreteras y zonas rurales. Estos artefactos no discriminan entre civiles y militares, y ya han causado varias víctimas. La presencia de estos artefactos se ha convertido en una herramienta para controlar el territorio y dificultar las operaciones de las Fuerzas Armadas, que ya han intensificado su presencia en el Catatumbo.

El número de desplazados sigue aumentando, mientras las ayudas humanitarias no logran cubrir la magnitud de la crisis. Más de 473 toneladas de ayuda han sido enviadas, pero las necesidades son mucho mayores, con la economía local devastada y la inseguridad que obliga a las comunidades a vivir en constante temor. Las autoridades, conscientes de la gravedad de la situación, han reforzado el despliegue militar y de policía, sin embargo, la guerrilla sigue aferrándose a su control, y el futuro de la región permanece incierto.