El Ministerio de Minas y Energía anunció una investigación contra la empresa Vanti , luego de que esta informara un incremento del 36% en la tarifa del gas a partir de febrero. La decisión ha generado preocupación entre millones de usuarios en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva y Yopal, quienes verán reflejado el alza en sus facturas.

Según la compañía, el aumento responde a una "coyuntura especial y excepcional" que afecta a gran parte del país, razón por la cual han trabajado junto con otros actores del sector para mitigar sus efectos. No obstante, el Ministerio de Minas rechazó esta versión, asegurando que Colombia cuenta con reservas suficientes para cubrir la demanda nacional y que no existe justificación para la medida tomada por la empresa.

El ministerio, liderado por Andrés Camacho Morales, recordó que en diciembre verificaron la disponibilidad del gas en el país y confirmaron su abastecimiento. “Se informó sobre la existencia de suficiente gas nacional para la demanda esencial a inicios de 2025”, señaló la entidad en un comunicado. Además, Ecopetrol ratificó la disponibilidad del recurso, lo que llevó a las autoridades a cuestionar la decisión de importar gas del extranjero en lugar de utilizar las reservas nacionales.

Ante esta situación, el gobierno instó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a la Superintendencia de Servicios Públicos a investigar a Vanti y sus filiales, argumentando que la medida afectará gravemente a hogares, comercios e industrias en distintas regiones. “Se ha solicitado a las Superintendencias adelantar acciones para proteger a los usuarios que se verán impactados”, informó el ministerio.

El ministro Camacho también se pronunció en redes sociales, asegurando que el aumento no tiene justificación y que se deben tomar medidas contra los responsables. “¡Gas tenemos! Los incrementos en tarifa son injustificados, las Superintendencias deben investigar el comportamiento de los agentes” , enfatizó.

Con la investigación en marcha, se espera que las autoridades competentes analicen si la empresa incurrió en prácticas irregulares que puedan afectar a los consumidores. Por ahora, los colombianos siguen a la espera de respuestas y posibles soluciones para evitar que el impacto en sus finanzas sea aún mayor.