Álvaro Uribe  enfrenta un nuevo revés judicial tras la decisión del magistrado Ramiro Riaño de declararse impedido para estudiar la  acción de tutela  presentada por su defensa. Este recurso fue interpuesto contra la jueza 44 de conocimiento, Sandra Liliana Heredia, debido a presuntas faltas de imparcialidad en el juicio que se adelanta en su contra.

Motivos del impedimento del magistrado Riaño

El lunes 17 de febrero de 2025 se conoció que el magistrado Ramiro Riaño, miembro del Tribunal Superior de Bogotá, no estudiará la tutela radicada por los abogados del expresidente, Jaime Granados y Jaime Lombana. La razón principal es un posible  conflicto de intereses, ya que su esposa, Luz Adriana Gutiérrez, fue nombrada en 2013 como fiscal en provisionalidad en Zipaquirá por el exfiscal Eduardo Montealegre Lynett, quien ha sido reconocido como víctima dentro del proceso judicial contra Uribe.

El magistrado Riaño argumentó que su decisión se basa en el artículo 56.1 de la Ley 906 de 2004 y el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, con el fin de evitar cualquier cuestionamiento sobre su imparcialidad. «Debo plantear mi impedimento para continuar con el conocimiento del presente asunto», señaló en su declaración.

El impacto de la tutela en el juicio contra Álvaro Uribe

La acción de tutela interpuesta por la defensa de Uribe busca proteger su derecho a la defensa, argumentando que la jueza Sandra Liliana Heredia ha mostrado parcialidad en el caso. La jueza rechazó previamente una recusación presentada en su contra, lo que generó críticas de los abogados del exmandatario, quienes la acusan de vulnerar el debido proceso.

Debido a la radicación de esta tutela, el juicio contra Uribe se encuentra suspendido temporalmente hasta que se tome una decisión de fondo. El exmandatario enfrenta acusaciones por soborno, fraude procesal y manipulación de testigos, cargos que su defensa califica como injustos.

Reacciones y consecuencias políticas

El abogado Miguel Ángel del Río, quien representa a las víctimas del caso, incluyendo al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y su exesposa Deyanira Gómez, lamentó esta decisión judicial. «El tiempo está jugando a favor del acusado», advirtió del Río, destacando que el caso Uribe prescribirá el 8 de octubre de 2025 si no se dicta una sentencia antes de esa fecha.

El proceso contra el expresidente ha polarizado la opinión pública en Colombia. Mientras sus seguidores argumentan que es víctima de una persecución judicial, sus opositores insisten en que debe responder por los graves delitos que se le imputan. Ahora, la incertidumbre sobre el futuro de su juicio aumenta con cada nueva decisión judicial que afecta el curso del proceso.