La acusación de la Fiscalía General contra Jair Bolsonaro por supuestamente planear un golpe de Estado en 2022 ha polarizado aún más a Brasil y ha reavivado la discusión sobre una ley de amnistía en el Congreso. El exmandatario y más de 30 militares, incluido su exministro de Defensa, Walter Braga Netto, enfrentan cargos que podrían derivar en penas de hasta 43 años de prisión.

Según la denuncia, Bolsonaro no solo lideró la trama golpista, sino que también estaba al tanto de un plan para asesinar a Lula da Silva, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes, quien ahora lleva el caso en el Supremo Tribunal Federal (STF).

Escalada judicial y tensiones políticas

Las pruebas incluyen un supuesto discurso preparado por Bolsonaro para después del golpe, en el que anunciaba un estado de sitio y la operación para restaurar el "Estado Democrático de Derecho". Además, se reveló que discutió con la cúpula militar un posible uso del Ejército para anular las elecciones. Su exasesor Mario Cid, en un acuerdo de colaboración, confirmó estas reuniones e implicó a la ex primera dama Michelle Bolsonaro y al diputado Eduardo Bolsonaro.

Los abogados de Bolsonaro calificaron la denuncia de “absurda” y “sin pruebas”, mientras el expresidente denunció una “persecución política” y comparó su caso con regímenes autoritarios. En paralelo, una encuesta muestra que el 55% de los brasileños desaprueba la gestión de Lula, lo que podría influir en las elecciones de 2026.

Amnistía y futuro político

El Congreso está dividido sobre una ley de amnistía que podría liberar de juicios y condenas a Bolsonaro, a los militares acusados y a los bolsonaristas detenidos tras el asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023. Según sondeos, el 50% de los diputados apoya la propuesta, mientras que en el Senado el respaldo es del 46,2%.

Bolsonaro aseguró que ya hay apoyo suficiente para aprobar la ley y que su verdadero objetivo es modificar la Ley de Ficha Limpia, lo que reduciría su inelegibilidad de ocho a dos años, permitiéndole volver a postularse en 2026. Entretanto, el STF anuló procesos de la operación anticorrupción Lava Jato, lo que ha generado críticas y desconfianza en la justicia, especialmente cuando debe decidir el destino del expresidente.