El juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha enfrentado una nueva interrupción luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la suspensión de la audiencia debido a una recusación presentada contra la juez encargada del proceso. La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, argumentó que la juez ha actuado de manera parcial en el caso, lo que llevó a la interposición de una acción de tutela .?

El proceso judicial contra Uribe se remonta a 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia del expresidente contra el senador Iván Cepeda y, en cambio, solicitó investigar a Uribe por presunta manipulación de testigos. En 2020, Uribe fue detenido preventivamente, pero tras su renuncia al Senado, el caso pasó a la Fiscalía General de la Nación , que lo acusó de fraude procesal y soborno en actuación penal.

? El juicio inició en febrero de 2025, pero ha estado marcado por múltiples retrasos y complejidades legales. La reciente recusación presentada por la defensa de Uribe se basa en la percepción de falta de imparcialidad por parte de la juez. Granados afirmó que la juez debió suspender la audiencia inicial del juicio al recibir la recusación, y al no hacerlo, impidió que otro juez revisara los argumentos.?

La Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión de la audiencia para dar trámite a la recusación, lo que implica una nueva pausa en el proceso judicial. Este desarrollo añade más complejidad a un caso que ya suma siete años, tres fiscales generales y numerosas audiencias.?

Mientras tanto, el senador Iván Cepeda, quien ha estado involucrado en el proceso como víctima, ha manifestado su preocupación por las constantes dilaciones en el juicio. Cepeda ha instado a las autoridades judiciales a garantizar un proceso transparente y a evitar maniobras que puedan entorpecer la justicia.?

La suspensión de la audiencia y la recusación a la juez representan un nuevo capítulo en el prolongado proceso judicial contra Álvaro Uribe, cuyo desenlace sigue siendo incierto. La atención pública y mediática continúa centrada en este caso, que podría tener implicaciones significativas para la política y la justicia en Colombia.?