El debate sobre el uso de los canales de televisión para fines institucionales ha dado un giro crucial en Colombia . Como ya lo veníamos comentando en otras entregas, la administración del presidente  Gustavo Petro  ha sido cuestionada por el uso recurrente de transmisiones en cadena nacional para difundir sus mensajes, especialmente durante los consejos de ministros. Esta semana, la  Sección Tercera del Consejo de Estado  emitió una sentencia que podría redefinir la forma en que el gobierno comunica sus decisiones:  se ordena suspender la retransmisión de estos consejos en canales privados, locales, regionales y comunitarios.

La decisión, que tiene como protagonista a la ciudadana María Cristina Cuéllar Cárdenas, quien interpuso la tutela, se fundamenta en la defensa del derecho a la información y la necesidad de garantizar la pluralidad informativa en el país.

El poder informativo del Estado tiene límites constitucionales

El Consejo de Estado ha sido enfático: si bien el presidente tiene derecho a dirigirse a la ciudadanía, no puede hacerlo en detrimento de otros derechos fundamentales. El alto tribunal consideró que el uso reiterado de los medios de comunicación públicos y privados para retransmitir los consejos de ministros implica una práctica que vulnera la pluralidad informativa.

El pronunciamiento judicial señala que esta clase de transmisiones ocupan un espacio que debería ser diverso, especialmente para quienes solo cuentan con televisión abierta. El caso de la demandante, quien no tiene acceso a televisión por suscripción, evidencia el impacto desproporcionado que puede tener la ocupación de todos los canales disponibles por parte del gobierno.

Para los magistrados, la pluralidad es un componente esencial del derecho a la información. En palabras de la sentencia: «el espectro electromagnético es un bien público (…) que no debe ser utilizado de manera arbitraria ni monopolizado por un solo actor, incluso si se trata del propio Estado».

Solo RTVC podrá seguir transmitiendo los consejos de ministros

Con esta nueva directriz judicial, únicamente los canales oficiales del Estado como Señal Colombia y el Canal Institucional, administrados por RTVC, están autorizados para transmitir los consejos de ministros. Esta medida busca garantizar un balance entre el derecho del gobierno a informar y el derecho de la ciudadanía a acceder a una oferta informativa variada.

Según el fallo, esta es una solución que no coarta el derecho del Ejecutivo a comunicarse con la ciudadanía, pero sí impone una limitación proporcional y razonable para proteger otros derechos fundamentales. Quienes deseen seguir estos espacios informativos podrán hacerlo a través de los canales estatales sin afectar la programación del resto de medios públicos y privados.

Además, el Consejo de Estado recordó que el uso del espectro electromagnético no es exclusivo del gobierno ni de entidades particulares. Es un recurso de todos los colombianos, y su gestión debe estar orientada por el interés general, no por las necesidades políticas del momento.

¿Qué sigue para la estrategia comunicativa del gobierno Petro?

Esta decisión abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la relación entre el poder ejecutivo y los medios de comunicación. Con la limitación impuesta, el gobierno deberá repensar su estrategia de comunicación institucional. ¿Buscará reforzar la programación de RTVC? ¿Acudirá a las redes sociales como canal alternativo? ¿Qué impacto tendrá esto en la percepción pública de sus políticas?

Lo que está claro es que el Consejo de Estado ha trazado una línea divisoria entre la divulgación institucional y el derecho ciudadano a la información plural. Un precedente que, sin duda, generará eco en futuras administraciones y en el diseño de las políticas de comunicación estatal.