El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró que no devolverá a Kilmar Ábrego, un ciudadano que residía en Maryland y que fue deportado a su país de origen “por un error administrativo”. La afirmación se dio durante una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, donde Bukele fue enfático al decir: “¿Cómo puedo devolverlo a EE. UU.? ¿Introducirlo de contrabando? Claro que no lo voy a hacer”. El mandatario añadió que El Salvador no está dispuesto a liberar lo que llamó “terroristas” en su territorio, refiriéndose directamente a Ábrego.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos , respaldó a Bukele y aseguró que Ábrego había sido identificado por tribunales estadounidenses como miembro de la pandilla MS-13, y por tanto no contaba con derecho legal para permanecer en el país. “Eso depende de El Salvador si quieren devolverlo. No nos corresponde a nosotros”, manifestó Bondi, enfatizando que el asunto es de carácter internacional y que EE. UU. solo facilitaría el regreso si El Salvador así lo decidía. Sin embargo, los abogados de Ábrego desmienten los señalamientos y aseguran que no hay evidencia contundente que lo vincule a dicha organización criminal.

El caso ha generado tensiones diplomáticas. Chris Van Hollen, senador demócrata de Maryland, expresó su preocupación y solicitó una reunión urgente con Bukele. En una carta dirigida al embajador de El Salvador, aseguró: “Si Kilmar no está en casa a mitad de semana, planeo viajar a El Salvador esta semana para verificar su condición y discutir su liberación”. Según la agencia EFE, el gobierno de EE. UU. confirmó que Ábrego está recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), uno de los penales más estrictos de El Salvador.

La situación se agravó luego de que la Corte Suprema de EE. UU. respaldara el dictamen de un juez federal, quien ordenó el retorno inmediato de Ábrego al país. No obstante, Bukele insiste en que el control de la custodia de Ábrego corresponde únicamente a su soberanía nacional. Según Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado, el detenido se encuentra bajo custodia “de conformidad con la autoridad soberana y nacional de El Salvador” , como se informó a la jueza federal Paula Xinis.

Ábrego fue deportado el pasado 15 de marzo, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aparentemente ignoraron medidas de protección vigentes, según documentación presentada ante tribunales. La deportación ocurrió sin previo aviso, y su esposa, Jennifer Vásquez Sura, se enteró de su paradero al verlo en televisión, en una megacárcel, rapado y arrodillado entre otros reclusos. “Lo reconocí por sus tatuajes y cicatrices”, dijo.

El abogado Simon Sandoval denunció que la única base legal para acusar a su cliente de pertenecer a la MS-13 fue el testimonio de “un informante confidencial” y recalcó que “nunca hubo pruebas contundentes”. Mientras tanto, la familia de Ábrego —incluido su hijo de cinco años con autismo y discapacidad intelectual— sigue esperando una resolución que permita el regreso del padre al hogar que dejó en EE. UU.