Emilio Tapia , nombre que se ha convertido en sinónimo de corrupción en Colombia, vuelve al centro del debate público. Esta vez no por un nuevo escándalo, sino por una polémica decisión judicial que le concede libertad domiciliaria , pese a las heridas aún abiertas del caso Centros Poblados , uno de los mayores fraudes contra el Estado en la última década. La decisión fue adoptada por un juzgado de ejecución de penas de Barranquilla , que demostró que Tapia ya había cumplido 48 meses y 10 días de una condena total de seis años y ocho meses , tiempo suficiente —según la normativa penal vigente— para acceder a la libertad condicional. El contratista, señalado como pieza clave en el entramado que desvió más de $20,000 millones de pesos , fue beneficiado con una medida que ha causado desconcierto tanto en la ciudadanía como en sectores institucionales. Aunque la justicia justificó su decisión alegando “arraigo familiar y social” y un supuesto buen comportamiento , lo cierto es que, hasta diciembre de 2024, Tapia apenas había reintegrado $2.500 millones , es decir, una mínima parte del dinero defraudado. La medida no es definitiva. Tapia deberá cumplir bajo prueba los 27 meses y 20 días restantes de su pena, tiempo durante el cual cualquier incumplimiento podría revocar el beneficio. No obstante, su regreso al hogar, en medio de un contexto de impunidad selectiva, revive una vieja herida en la justicia colombiana: la percepción de que el poder y los privilegios siguen torciendo la balanza.