El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado una decisión sin precedentes al ordenar el inicio de trámites para deportar a aproximadamente 1.500 presos colombianos que se encuentran cumpliendo condena en cárceles ecuatorianas. Esta medida, que ha generado impacto en la región, plantea un nuevo enfoque en la gestión de la población penitenciaria y ha desatado diversos comentarios y reacciones tanto a nivel nacional como internacional. 

La orden de deportar a un significativo número de reclusos colombianos, quienes deberán completar sus condenas en territorio colombiano, ha sido justificada por el presidente Noboa como parte de un esfuerzo por aliviar la sobrepoblación en las cárceles ecuatorianas y fortalecer la seguridad interna del país. Esta medida inusual ha sido recibida con sorpresa y ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones legales y humanitarias. 

“No van a poder volver a entrar al Ecuador. Tienen prohibición de entrar al Ecuador para siempre. Ya no vamos a permitir tampoco que gente vaya a Colombia y después regresa a cometer los mismos crímenes. Ya se fue, ya no regresa“, subrayó el presidente Noboa. 

El pasado lunes, Noboa ordenó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, que inicie los trámites para la repatriación de presos extranjeros, para que terminen de cumplir las condenas en sus países de origen. 

A través de un decreto ejecutivo, Noboa dispuso que este trámite se sustente en la normativa vigente local e internacional, sea singularizado y que no se repatrien a colectivos. 

El decreto ejecutivo 139 dispone que el SNAI “realice los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación de personas extranjeras privadas de libertad por sentencia emitida en el Ecuador, a fin de que su sentencia sea ejecutada en el país de origen o nacionalidad”. 

La noticia de la deportación de presos colombianos ha generado reacciones diversas en ambos países. Mientras que algunos sectores en Ecuador respaldan la medida como una estrategia para mejorar las condiciones en las prisiones y reducir la sobrepoblación, en Colombia ha generado preocupación y cuestionamientos sobre los derechos de los reclusos y los posibles impactos sociales que esta acción podría tener.