Con la finalización del programa estatal de regularización masiva de migrantes venezolanos a través del Estatuto Temporal de Protección en 2023, la comunidad venezolana que reside en Colombia enfrenta incertidumbres y preocupaciones acerca de su situación legal y las consecuencias que esto podría acarrear. 

El Estatuto Temporal de Protección, implementado para brindar un marco legal y humanitario a la población venezolana en Colombia, llegó a su fin a fines de 2023. Durante la vigencia del programa, se realizaron esfuerzos para regularizar la situación de miles de migrantes, otorgándoles acceso a servicios básicos y protección temporal frente a la deportación. 

Varios informes señalan que en Venezuela no hay ningún indicador de mejoría en la calidad de vida de las personas, y, por el contrario, se han incrementado los ataques al espacio cívico, la persecución y las violaciones sistemáticas de derechos, lo que constituye un factor determinante en la movilidad humana. 

“La imposibilidad de lograr una fórmula de regularización migratoria incrementa exponencialmente la situación de vulnerabilidad de los migrantes, alienta dinámicas criminales y economías ilícitas que instrumentalizan a las personas. El tráfico de migrantes, la trata, las formas de trabajo indigno, la explotación sexual y el reclutamiento por grupos armados tienen en la irregularidad migratoria un factor criminógeno que actúa contra la sociedad colombiana y debilita el Estado de derecho”, indicó la Fundación Juntos Se Puede.

La ausencia de regularización también podría aumentar el riesgo de explotación laboral y abusos, ya que los migrantes podrían encontrarse en una posición más vulnerable al carecer de protecciones legales. Además, la falta de documentos oficiales podría exponerlos a situaciones de detención y deportación.